Luego de adoptar de manera inmediata las disposiciones de la Ley 2056 de 2020, que en su artículo 30 exige a las entidades territoriales crear en su plan de desarrollo un capítulo centrado en la priorización de las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con regalías, el Quindío se convirtió en el primer departamento del país en cumplir con esta obligación. En la construcción del capítulo independiente ‘Inversiones con cargo al SGR’, el documento guía de la administración departamental consigna las iniciativas que se concertaron con los diferentes actores de la sociedad, reuniendo así los intereses de la ciudadanía en relación con lo que debe ser la inversión de estos recursos.

Así lo confirmó el coordinador del DNP de la estrategia ‘Gobierno al Plan’ para el Eje Cafetero y Antioquia, Germán Alonso Páez Olaya: “El proceso que le permitió al Quindío tener ese capítulo, se derivó de una dinámica interna entre las diferentes secretarías lideradas por Planeación; el departamento logró conjugar ese trabajo de equipo que esta administración ha venido presentando a nivel nacional, sustentados en las directrices que el DNP impartió y fueron acogidas de plano por el departamento. Fue un proceso bastante interesante, dinámico, asertivo y hoy el Quindío es el primero que registra en todo el país, la elaboración del capítulo”.

Al respecto el secretario departamental de Planeación, Luis Alberto Rincón Quintero, indicó que, en el proceso de construcción de este anexo, se cumplió con las exigencias de Ley con relación al desarrollo de mesas públicas de participación ciudadana “las cuales se llevaron a cabo el pasado 29 de abril con el acompañamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, de la Federación Nacional de Departamentos y de los diferentes actores sociales del departamento”.

Cabe anotar que en la estrategia ‘Gobierno al Plan’, Planeación Nacional impartió directrices para que cada gobierno departamental y municipal cumpliera con un ejercicio de planeación y programación presupuestal con el fin de generar buenas prácticas que cumplan con los estándares exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE; un grupo de 38 estados que se centra en la cooperación internacional y al que Colombia ingresó en 2020.