Se acata el fallo y para ello se trabajará de manera articulada y organizada. Esta fue la posición que la Gobernación presentó en el debate de la Asamblea con relación al fallo emitido por el Tribunal Superior de Armenia y que declara a Cocora como sujeto de derechos, en una decisión que involucra a la alcaldía de Salento, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ; Parques Nacionales Naturales y la administración departamental como garantes en su protección.

La secretaria de Representación Judicial y Defensa del departamento, Paula Andrea Huertas Arcila, aclaró en su intervención, la postura de la Gobernación al respecto: “Se adoptará un plan de acción que trabajará en varios frentes: en primera instancia, la determinación específica de la zona ambiental a intervenir, y la clarificación y superposición de los instrumentos normativos ya existentes. Existe una cantidad de normas ambientales que requieren ser articuladas entre ellas, los Planes de Ordenamiento Territorial municipal y departamental, así como el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT y el Desarrollo Orientado al Transporte, DOT”, afirmó.

Este punto, agregó, es importante porque el fallo obliga a definir la capacidad de carga que puede soportar la zona, de cara al desarrollo de un turismo sostenible, por lo que se hará necesaria la contratación pública de un estudio. “Es importante tener bien específica la delimitación del área, para poderle responder a las entidades de control; justificar que esta inversión estaría respondiendo a un fallo y cubriendo el territorio que exige la sentencia y su accionante”.

Que participe la comunidad en toda su diversidad

Otro aspecto en el que la Gobernación espera tener claridad, es en la definición de los actores institucionales y particulares que deliberarán en las mesas de trabajo.

En el primer encuentro, llevado a cabo el pasado martes 24 de noviembre, se estableció al secretario de Planeación, José Ignacio Rojas, como vocero de la administración departamental; la alcaldesa Beatriz Díaz Salazar en nombre de Salento; Édgar Ancízar García, subdirector de Gestión Ambiental de la CRQ, en calidad de representante de la autoridad ambiental, mientras que Parques Nacionales Naturales quedó de definir a su vocero por medio de un oficio, y la participación de la comunidad aún no se había definido.

“La elección de los representantes de la comunidad se tiene que abordar a partir de ellos. La mesa de esta semana tuvo una representación importante de un sector de la población, pero faltaron otros actores, y creemos que su designación debe hacerse a través de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y los representantes de las asociaciones de comercio y turismo con presencia en Cocora”, declaró Huertas Arcila.

Por lo pronto, ya se encuentra en estudio lo establecido en dos sentencias anteriores que generaban instrumentos de protección para esta región: una de 2019 que declara al río Quindío como sujeto de derechos (y por tanto a Cocora al acoger el cauce del afluente) y otra que determina al Parque Los Nevados como sujeto especial de derechos (y a Cocora como zona de amortiguación).

“Estas dos sentencias no riñen con la emitida por el tribunal recientemente, e incluso la complementan. Lo que permite es que se generen nuevas acciones en pro de la protección del territorio, pero teniendo en cuenta que todos los instrumentos planificación deben estar alineados para no generar conflicto entre ellos y que de este modo el manejo aplicable y no existan ambigüedades”, concluyó.