En Pijao inició por parte de la Gobernación del Quindío, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y alcaldías municipales, una agenda de trabajo que busca soluciones para la problemática asociada al cultivo de aguacate en varios predios del departamento, a su vez que se previenen potenciales conflictos asociados a futuras inversiones de este tipo.

El ejercicio consta de una serie de jornadas de educación ambiental y socialización de las determinantes ambientales relacionadas con la actividad, que será complementada con una estricta revisión de las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso productivo.

Así lo definió el secretario departamental de Agricultura, Julio César Cortés Pulido, quien explicó como en este primer encuentro se trataron con las empresas productoras de aguacate radicadas en Pijao, temas como la normatividad vigente, las Buenas Prácticas Agrícolas o las certificaciones para huertos exportadores. “Iniciamos con este municipio, porque es una localidad que ha venido incrementando su área cultivada, hasta alcanzar actualmente una superficie de 2.000 hectáreas. Esta actividad se replicará en otros territorios, pero además irá sumado a la inspección de predio por predio para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, este trabajo será de tipo correctivo debido a que estas empresas compraron tierras durante el periodo de gobierno de la anterior administración. Sin embargo para las nuevas inversiones en la materia que se puedan generar a futuro, la labor será más de tipo preventivo. 

“El mensaje es: no compren terrenos antes de averiguar las limitantes que puedan tener para su explotación. Estamos promoviendo desde el gobierno departamental que primero se constate por medio del Sistema de Información Georreferencial de la CRQ y de los mapas a escala 1:25.000 del Sistema de Información de Planificación Rural Agropecuaria, SIPRA, la idoneidad de las fincas que se vayan a adquirir para evitar futuros problemas relacionados con el impacto que este tipo de cultivos pueda tener en una región como la cordillera, que en el departamento tiene más de un 90% de su área comprometida por la Ley 2 de 1959”, concluyó.