El Gobierno del Quindío no ha sido notificado de ningún incidente de desacato interpuesto por la comunidad de la vereda Bohemia. Así lo confirmó la secretaria de Representación Judicial y Defensa del departamento, Isabel Cristina Lezama, en torno a información que ha sido difundida en algunos medios de comunicación en los últimos días y que tienen relación con acciones concretas para el cumplimiento de lo decidido en la acción popular relacionada con el puente Don Nicolás, en espera de respuesta de las entidades del orden nacional para la financiación de la obra.
La titular de la cartera departamental ratificó lo consignado por la Gobernación en el informe allegado al Juez Tercero Administrativo del Circuito. En este documento, se hace la trazabilidad a las acciones llevadas a cabo por el departamento, puntualmente la adjudicación al consorcio Puentes GH de la consultoría para los estudios y diseños del puente el 9 de junio de 2023, y su respectiva interventoría, asignada al Grupo Artinco SAS el 11 de octubre del mismo año. Como resultado de este proceso, se obtuvieron productos como el levantamiento topográfico del área y los estudios de tránsito; de trazado y diseño geométrico; geología; suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; estabilidad y diseño de estabilización de taludes, terraplenes y zonas de disposición de materiales; geotécnico para diseño del pavimento; de hidrología, hidráulica y socavación; de estructuras; componentes ambiental y social; gestión predial; análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad; urbanismo y paisajismo; y de cantidades de obras, costos y presupuesto.
Con la suma de estos análisis, se llegó a la conclusión de que era necesario demoler la estructura actual y construir uno nuevo, con un valor proyectado de $13.955 millones 490.431 pesos, incluyendo un componente de gestión predial. Una suma que se espera obtener del Gobierno nacional y para la que el Gobierno del Quindío formuló un proyecto que fue radicado ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el ministerio de la Igualdad, Invías y el Departamento para la Prosperidad Social – DPS; una gestión que hasta la fecha espera una respuesta de las entidades mencionadas.
“Con el recuento de estos hechos se ratifica el compromiso del Gobierno del Quindío con estas comunidades, lo que desvirtúa la posibilidad de que una solicitud de incidente de desacato resultaría procedente porque desde la administración departamental se están llevando a cabo acciones de cumplimiento del fallo, en un proceso que ha contado con el acompañamiento de la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Armenia en una serie de comités de verificación realizados desde 2023”, indicó la secretaria de Representación Judicial y Defensa del departamento.
