En el recinto de la Honorable Asamblea Departamental donde se hizo control político a Empresas Públicas del Quindío, el gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ratificó su respeto a la ley, a las diferencias y el trabajo que ha hecho por gestionar la consecución los recursos que se necesitan para construir obras de saneamiento básico en los municipios, costos que fueron cargados a las facturas de los usuarios de EPQ.
El mandatario aplaudió a la comunidad activa que inconforme por el aumento en las tarifas alzó su voz de protesta, lo que llevó a que hoy la Defensoría del Pueblo esté liderando mesas de trabajo en cada municipio para conseguir el compromiso de los alcaldes en comprar los lotes donde se harán las obras, para luego formular los proyectos con miras al desembolso de recursos de la CRQ, el Plan Departamental de Aguas y el gobierno nacional para construir las plantas de tratamiento de aguas residuales y otras obras en acueductos y alcantarillado que se requieren en las localidades.
Estas mesas de trabajo culminarán el próximo lunes, y con los compromisos adquiridos por los actores se formulará un esquema que será presentado a la CRQ, de manera que se pueda avanzar en una solución para las obras. Asimismo, el gobernador recordó que desde el principio de su mandato manifestó la voluntad de construir las plantas de tratamiento de aguas residuales que faltan en los municipios con recursos de regalías, pero para ello los alcaldes deben comprar los lotes antes mencionados.
Por su parte, el secretario de Aguas e Infraestructura, Juan Antonio Osorio Álvarez, explicó que el marco tarifario fue aprobado porque así lo ordenó la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, pero pidió a los entes de control revisar el alza de las tarifas, ya que ciudadanos han denunciado que en las facturas su consumo se triplicó.
En cuanto a la demanda admitida por el Tribunal Administrativo del Quindío, donde un usuario solicitó que se suspenda la resolución mediante la cual se crearon las tarifas, el secretario explicó que el TAQ iniciará un proceso donde evaluará si es viable jurídicamente suspender dicha resolución, por lo que por ahora los cobros continuarán.
