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La escogencia de la terna para designar el nuevo gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, no cumplió con los requisitos establecidos en los estatutos de la entidad, por lo tanto carece de legalidad. Así lo manifestó Jimy Galvis, asesor jurídico del Departamento para los asuntos de EPQ.

El apoderado del Departamento informó que impugnará el acta de la reunión realizada el jueves 14 de noviembre en la que se seleccionó a Tatiana Alexandra Bocanegra, Jhon Fabio Suárez Valero y John Eider Herrera, como posibles candidatos a ocupar el máximo cargo en la entidad.

“Las acciones a adelantar frente a dicha decisión tomada de manera arbitraria e ilegal, es impugnar el acta frente a los órganos competentes como un juzgado civil del circuito del Quindío o la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que ellos analicen la ilegalidad que se está poniendo de presente y revoquen, anulen o dejen sin efectos lo adoptado de manera ilegal”, manifestó Galvis.

El funcionario explicó que la reunión de ayer que fue denominada “Asamblea de Alcaldes”, tuvo por objeto desarrollar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para analizar y seleccionar la terna que se va a remitir a la junta directiva y así proceder con el nombramiento del representante legal en vista de la renuncia y la declaratoria de vacancia del gerente que venía fungiendo en dicho cargo.

El apoderado judicial del Departamento manifestó que aunque dentro de los estatutos de EPQ existe un artículo donde refieren “Asamblea de Alcaldes”, una vez estudiado los mismos se encuentra que no existe ningún órgano societario denominado de esa manera, lo que puede configurarse como un error en la transcripción o construcción de los estatutos.

“Los únicos órganos de administración de la sociedad son la asamblea de accionistas, la Junta Directiva y el representante legal de la compañía, pero en una indebida interpretación o más bien en una amañada interpretación, se dijo que sí existía Asamblea de Alcaldes y que esta era la única facultada para seleccionar la terna que sería remitida a la Junta Directiva para el nombramiento del representante legal, cercenando o vulnerando los derechos de uno de los accionistas como es el departamento del Quindío”, según analizó el jurista.

Y sostuvo: “Según el argumento la gobernación no tenía derecho ni a voto o decisión dentro de la elección de la terna y de esta manera pasaron por encima de todos los parámetros normativos a efectos de vulnerar los derechos de voto o de participación dentro de la Asamblea de una manera flagrante”.

Añadió además que la próxima junta directiva que se realizará el 19 noviembre donde se va a nombrar el gerente de Empresas Públicas del Quindío está viciada, porque se va a seleccionar el representante legal de una terna donde no se permitió la participación de uno de los accionistas mayoritarios como es el Departamento del Quindío.

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